Sábado 18 Abril 2026

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Prórroga de la excedencia voluntaria: límites y facultades de la empresa

La excedencia voluntaria es un derecho del trabajador que permite la suspensión temporal de su contrato de trabajo, siempre que se cumplan determinados requisitos legales.

Para su ejercicio, es necesario:

  • Contar con una antigüedad mínima de un año en la empresa.
  • Solicitarla por un período comprendido entre cuatro meses y cinco años.
  • Respetar un plazo de cuatro años desde el final de una excedencia anterior para poder volver a solicitarla.

Durante este período, el contrato queda suspendido y el trabajador conserva únicamente un derecho preferente de reingreso en vacantes de igual o similar categoría.

¿Puede prorrogarse la excedencia?

En caso de que el trabajador solicite una prórroga antes de la finalización del período inicialmente concedido, la empresa no está obligada a aceptarla, salvo que el convenio colectivo aplicable contemple expresamente este derecho.

La empresa, una vez concedida la excedencia por un plazo determinado, puede organizar su actividad en función de dicha duración. En este contexto, el principio de organización empresarial prevalece frente a una solicitud unilateral de ampliación por parte del trabajador.

Límites a la modificación por parte del trabajador

El trabajador no puede alterar de forma unilateral las condiciones de la excedencia ya concedida ni exigir su prórroga. Admitir dicha posibilidad supondría limitar la capacidad organizativa de la empresa y generar inseguridad en la planificación de recursos.

Conclusión

La prórroga de la excedencia voluntaria no constituye un derecho automático del trabajador. Su concesión dependerá, en su caso, de lo previsto en el convenio colectivo o del acuerdo con la empresa.

Inspección tributaria: posibilidad de suspensión temporal de actuaciones

En el marco de un procedimiento de inspección tributaria, el obligado tributario puede solicitar períodos durante los cuales la Administración no podrá llevar a cabo actuaciones inspectoras. Durante dichos períodos, además, se suspende el cómputo del plazo para atender requerimientos.

Esta medida permite adaptar el desarrollo de la inspección a las circunstancias del contribuyente, evitando que determinadas actuaciones coincidan con momentos especialmente sensibles para la actividad empresarial, como cierres contables, períodos vacacionales o ausencias de personal clave.

Límites de los períodos de cortesía

La normativa establece las siguientes condiciones:

  • El total de días solicitados no puede exceder de 60 días naturales a lo largo de todo el procedimiento.
  • Dichos días no tienen que disfrutarse de forma consecutiva, pudiendo distribuirse en varios períodos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la utilización de estos períodos implica una ampliación del plazo máximo de duración del procedimiento inspector:

  • Con carácter general: 18 meses.
  • Si se agotan los 60 días de cortesía: hasta 20 meses.

Requisitos para la solicitud

Para que la solicitud sea válida:

  • Debe presentarse con una antelación mínima de 7 días naturales respecto al inicio del período solicitado.
  • Cada período solicitado debe tener una duración mínima de 7 días naturales.

En consecuencia, es posible solicitar varios períodos dentro del límite global establecido, siempre que se respeten dichos requisitos.

Conclusión

La solicitud de períodos de cortesía constituye una herramienta útil para una mejor gestión del procedimiento inspector. No obstante, su uso debe planificarse adecuadamente, teniendo en cuenta su impacto en la duración total de la inspección.

Campañas de control del tiempo de trabajo

¿Qué está revisando la Inspección de Trabajo?

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha iniciado una campaña para comprobar que las empresas aplican correctamente los límites legales o convencionales de la jornada laboral. El foco principal está en verificar que los trabajadores cumplen con la duración máxima permitida y que los registros horarios reflejan de manera fiel la jornada realizada.

La normativa establece un límite general de 40 horas semanales de promedio anual, salvo que el convenio colectivo determine otros parámetros. A partir de estos límites, la Inspección revisará exhaustivamente los registros de jornada para detectar excesos, incumplimientos o inconsistencias.


Qué no se considera jornada ordinaria

Quedan fuera de la duración máxima de jornada las horas dedicadas a prevenir o reparar siniestros, así como daños extraordinarios y urgentes, siempre que ese exceso se compense debidamente como horas extraordinarias.


Qué sí se considera tiempo de trabajo efectivo

La ITSS reconoce como jornada efectiva, entre otros:

  • El tiempo invertido en formación teórica y práctica en prevención de riesgos laborales.

  • El tiempo dedicado por los delegados de prevención a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud o a funciones preventivas solicitadas por la empresa.

  • El empleado en la realización de reconocimientos médicos exigidos por la normativa de prevención de riesgos.

  • El acto de votación en elecciones sindicales realizadas en el centro de trabajo durante la jornada.


Qué tendrá en cuenta la Inspección durante la campaña

La ITSS valorará si la empresa aplica una distribución irregular de la jornada anual (hasta el 10 % o lo establecido en convenio), siempre que comunique el cambio con un mínimo de cinco días de antelación.

También revisará el cumplimiento de los descansos mínimos legalmente establecidos:

  • Pausa mínima en jornadas continuadas de más de seis horas.

  • Descanso diario de 12 horas entre jornadas.

  • Descanso semanal de un día y medio ininterrumpido.


Régimen sancionador

Si la empresa realiza jornadas superiores a las permitidas o no respeta los descansos recogidos en la ley o en el convenio colectivo, la sanción puede oscilar entre 751 y 7.500 euros por centro de trabajo.
Además, la Inspección puede recalificar como horas extraordinarias cualquier tiempo trabajado que no haya sido correctamente registrado o compensado.


Conclusión

Esta campaña refuerza la necesidad de que las empresas gestionen con rigor la jornada laboral y mantengan registros de tiempo precisos y actualizados. Un control horario adecuado no solo evita sanciones, sino que aporta transparencia, seguridad jurídica y una mejor organización interna. Cumplir con la normativa sobre tiempo de trabajo es, hoy en día, un elemento clave de la gestión laboral responsable.

Acceso al ordenador

El ordenador de empresa puede ser revisado si existen sospechas de uso indebido

En cualquier organización, los equipos informáticos asignados a los empleados son herramientas de trabajo, y como tales, la empresa puede controlar su uso siempre que existan sospechas razonables de irregularidades. Este control, no obstante, debe ejercerse con prudencia y respetando en todo momento el derecho a la intimidad del trabajador.

Cuando la empresa sospecha que un empleado utiliza su ordenador corporativo para fines personales o en contra de las normas internas, puede revisarlo para comprobarlo y adoptar las medidas oportunas —como una suspensión o incluso un despido—. Sin embargo, este control no es ilimitado: no puede accederse a carpetas personales, cuentas privadas ni a información estrictamente íntima. El objetivo debe ser exclusivamente verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

El triple juicio de proporcionalidad

Los tribunales exigen que cualquier control informático cumpla tres requisitos esenciales:

1. Justificación

La empresa debe acreditar una razón legítima para realizar la comprobación: bajo rendimiento, incumplimiento de órdenes o indicios claros de uso inapropiado. Debe quedar constancia de que el control es necesario y que no hay otro modo de verificar los hechos.

2. Proporcionalidad

El acceso debe limitarse únicamente a la información necesaria para contrastar las sospechas. Por ejemplo, revisar el disco duro donde se almacena documentación corporativa, sin explorar archivos personales ni espacios cuya privacidad esté protegida.

3. Respeto a la privacidad

Si la empresa detecta que el trabajador ha accedido a una nube personal o tiene su correo privado abierto, no puede entrar en esas cuentas sin autorización expresa.

Información previa al trabajador

Para evitar conflictos, la empresa debe haber informado previamente al empleado de que se reserva el derecho a comprobar el uso de los dispositivos de trabajo: ordenadores, móviles corporativos, correo electrónico, etc.
Este aviso, normalmente incluido en la política interna de uso de recursos digitales, permite a la empresa verificar el correcto funcionamiento de los equipos y detectar posibles incumplimientos.

Por ello, se recomienda regular por escrito estas normas y comunicar claramente las consecuencias disciplinarias derivadas de su incumplimiento.


Conclusión

El control del ordenador corporativo es legítimo, pero debe aplicarse de forma justificada, proporcional y respetuosa con la intimidad. Informar previamente al trabajador y limitar el acceso a lo estrictamente necesario protege tanto a la empresa como al empleado, y garantiza que cualquier investigación interna se realice con pleno respeto a la legalidad.

Una política clara y bien comunicada evita conflictos y ofrece un marco seguro para gestionar situaciones de sospecha o uso inadecuado de los recursos informáticos.

Firmó un precontrato

Qué debe saber si desea anular la contratación de un empleado con el que ya firmó un precontrato

El precontrato laboral es un acuerdo en el que ambas partes —empresa y trabajador— se comprometen a formalizar un contrato de trabajo en una fecha futura. Aunque el empleado aún no haya comenzado a prestar servicios, este documento genera obligaciones reales y exigibles para ambas partes.

Por ello, si la empresa encuentra a otro candidato más adecuado y decide dejar sin efecto ese precontrato, el trabajador afectado podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios, siempre que el incumplimiento le haya causado un perjuicio real y acreditable.

¿Existe una indemnización concreta?

La ley no fija una cuantía exacta para este tipo de indemnización, ya que no se trata de un despido. Cada caso debe valorarse individualmente, atendiendo a factores como:

  • el salario pactado

  • el tiempo que el trabajador permanecerá sin empleo hasta encontrar otro puesto

  • o los gastos que haya tenido (si puede justificarlos).

En cualquier caso, el trabajador dispone de un año de plazo para reclamar los daños derivados del incumplimiento.

Cuándo puede la empresa dejar sin efecto el precontrato

Existen situaciones en las que la empresa puede rescindir válidamente un precontrato, si se producen circunstancias imprevistas que alteran de manera sustancial lo inicialmente pactado. Algunos ejemplos son:

  • Si el trabajador había firmado un precontrato para un puesto de alta responsabilidad (como directivo o gerente) y posteriormente es condenado por estafa o por otro delito económico.

  • Si el trabajador queda inhabilitado para ejercer su profesión por sentencia o resolución administrativa (por ejemplo, un abogado al que se le suspende la colegiación).

  • Si la empresa descubre que el candidato ocultó información relevante o presentó datos falsos en su currículum, como títulos o referencias manipuladas, o si existían sanciones disciplinarias graves no declaradas.


Conclusión

El precontrato no es un simple compromiso informal: tiene valor jurídico y fuerza obligatoria. Su incumplimiento puede generar una indemnización si se demuestra un perjuicio real.
Por tanto, antes de retractarse, la empresa debe actuar con prudencia, evaluar las circunstancias y, en su caso, documentar adecuadamente las causas que justifican la anulación.

De este modo, podrá proteger sus intereses sin vulnerar los derechos del trabajador, manteniendo la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos de contratación.

Subidas de convenio

¿Puede la empresa aplicar la compensación y absorción?

Cuando se actualizan las tablas salariales de un convenio colectivo, es habitual que surja la duda: ¿qué ocurre con los trabajadores que ya perciben un salario superior al establecido?
En estos casos entra en juego una figura clave del derecho laboral: la compensación y absorción salarial.

¿Qué significa compensar y absorber una subida?

La compensación y absorción permite a la empresa neutralizar el incremento salarial fijado en el nuevo convenio, descontándolo del exceso que los empleados ya venían percibiendo por encima de lo pactado.
En la práctica, esto significa que si el trabajador cobra más de lo que marca el nuevo convenio, la empresa no está obligada a aplicar un nuevo aumento, puesto que la diferencia existente ya compensa la subida.

Este mecanismo busca mantener una coherencia entre los salarios reales y las mejoras derivadas del convenio, evitando duplicar incrementos y garantizando un trato justo y equilibrado entre empresa y plantilla.

¿Qué ocurre si la empresa no lo había aplicado hasta ahora?

En algunas organizaciones, por decisión o costumbre, se han venido aplicando las subidas de convenio cada año sin aplicar la compensación y absorción.
Sin embargo, la empresa puede empezar a hacerlo a partir de ahora, siempre que no haya expresado una renuncia explícita o consolidado una “condición más beneficiosa” para los trabajadores.

Por ejemplo, si la empresa comunicó en su momento que mantendría todos los complementos sin compensar ni absorber, o si lo ha venido haciendo de forma reiterada y voluntaria, deberá respetar esa práctica como parte de las condiciones laborales consolidadas.

Un derecho reconocido por la ley

La compensación y absorción está expresamente contemplada en la legislación laboral española. Se trata de un derecho que la empresa puede ejercer, incluso tras varios años sin haberlo aplicado, salvo que exista una renuncia formal o un acuerdo en contrario.

Además, conviene recordar que no es necesario justificar causas económicas, técnicas o productivas para aplicarlo. La empresa puede hacerlo de manera legítima y directa, sin necesidad de alegar razones adicionales.


Conclusión

La compensación y absorción es una herramienta legal que permite armonizar los incrementos salariales derivados del convenio colectivo con la realidad salarial de la empresa.
Su correcta aplicación evita desequilibrios, garantiza la sostenibilidad de la política retributiva y respeta los derechos de los trabajadores.

En definitiva, se trata de un mecanismo que, lejos de suponer una pérdida para el empleado, favorece la transparencia y la coherencia en la gestión de los salarios, permitiendo a las empresas mantener la competitividad sin vulnerar las normas laborales.

Planes de Igualdad: Obligaciones, Inspecciones y Recomendaciones Clave para las Empresas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral es una obligación legal que todas las empresas deben respetar, con independencia de su tamaño. No obstante, aquellas organizaciones que cuenten con 50 o más trabajadores tienen además la obligación específica de elaborar, negociar e implantar un Plan de Igualdad.

 

¿Qué implica esta obligación?

Más allá de la elaboración del plan, todas las empresas deben cumplir con una serie de medidas fundamentales:

  • Evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo dentro del entorno laboral.
  • Negociar las medidas de igualdad con los representantes legales de los trabajadores.
  • Contar con un registro retributivo, que detalle las retribuciones por sexo, categoría profesional y grupo de cotización.

 

El papel de la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo desempeña un papel activo en la vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones. Actualmente, se desarrollan campañas específicas de control, apoyadas por herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar empresas de 50 o más empleados para su revisión.

Durante estas inspecciones se analiza:

  • Si la empresa dispone de un plan de igualdad vigente, debidamente negociado y registrado.
  • Si se ha comunicado el plan a la plantilla.
  • La existencia de un comité de igualdad y la implementación de medidas de seguimiento.
  • La inclusión de una auditoría retributiva, esencial para evaluar la equidad salarial entre mujeres y hombres.

Posibles sanciones

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en requerimientos por parte de la Inspección y, en casos graves, en sanciones económicas de hasta 7.500 euros.

Si se detecta una discriminación retributiva de especial gravedad, las multas pueden ascender hasta los 225.018 euros.

 

Obligación del Registro Retributivo

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están obligadas a elaborar un registro retributivo. Este debe incluir:

  • Valor medio del salario base.
  • Detalle de complementos y percepciones extrasalariales.
  • Diferencias retributivas desglosadas por sexo y grupo profesional.

Si la empresa tiene 50 o más empleados y la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 25%, deberá justificar objetivamente esta diferencia (por ejemplo, basándose en la antigüedad media de los trabajadores).

 

Protocolos adicionales requeridos

En el marco de las inspecciones en materia de igualdad, también puede requerirse la presentación de:

  • Protocolo contra el acoso laboral.
  • Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
  • Protocolo de medidas antidiscriminación hacia personas LGTBI (obligatorio para empresas con más de 50 empleados).

 

¿Qué ocurre si no se alcanza un acuerdo con los representantes?

En caso de que la empresa inicie negociaciones y no se logre un acuerdo o los representantes no deseen participar, la empresa podrá implementar las medidas de forma unilateral, documentando adecuadamente el proceso.

¿Tienes dudas sobre cómo cumplir con estas obligaciones?

Nuestros profesionales están a tu disposición para asesorarte en la elaboración, negociación e implementación de planes de igualdad, auditorías retributivas y protocolos obligatorios.

Abuso del Crédito Horario: Derechos, Obligaciones y Límites

El crédito horario es un derecho laboral reconocido a los representantes de los trabajadores para que puedan ejercer sus funciones sindicales o de representación sin sufrir merma en su salario. No obstante, su uso indebido puede tener consecuencias disciplinarias, incluso el despido.

 

¿Qué es el crédito horario?

Se trata de un permiso retribuido que permite a los delegados sindicales y representantes de los trabajadores ausentarse del puesto de trabajo para cumplir con sus funciones representativas.

El número de horas disponibles al mes depende del tamaño de la plantilla de la empresa.

 

Características clave

Periodicidad mensual: El crédito se asigna mensualmente. Las horas no utilizadas no se acumulan para meses siguientes.

Once meses activos: Las vacaciones no se computan, por lo que el crédito horario se aplica durante once meses al año.

Igualdad de condiciones: Todos los representantes tienen derecho al mismo número de horas, independientemente de si su contrato es a tiempo parcial o completo.

Acumulación posible: Se pueden acumular las horas de varios representantes en una sola persona, conocida como "liberado sindical", quien se dedicará exclusivamente a funciones sindicales.

 

Obligaciones del representante

Para hacer uso del crédito horario de manera válida, deben cumplirse dos requisitos:

  1. Aviso previo: El representante debe notificar anticipadamente a la empresa su intención de ausentarse por este motivo, para que la organización pueda planificarse.
  2. Justificación posterior: Debe acreditar formalmente la razón de la ausencia (por ejemplo, mediante un justificante de participación en reuniones o actividades sindicales). Sin embargo, no se le puede exigir un detalle exhaustivo de sus funciones, ya que esto atentaría contra su libertad sindical.

 

¿Qué ocurre si no se justifica el uso?

Cuando no se notifica ni se justifica debidamente el uso del crédito horario, la empresa puede:

  • Descontar las horas no trabajadas del salario.
  • Sancionar disciplinariamente al trabajador.
  • En casos reiterados o de especial gravedad, proceder incluso al despido.

 

¿Y si se abusa del crédito horario?

El uso del crédito horario para fines personales o ajenos a las funciones representativas constituye un abuso de derecho. Este comportamiento puede ser sancionado e incluso desembocar en un despido por transgresión de la buena fe contractual, sin derecho a indemnización.

Incluso puede justificarse la utilización de servicios de un detective privado para demostrar el fraude, siempre que existan indicios fundados de un uso indebido. Sin embargo, en ausencia de sospechas razonables, se presume el uso legítimo del crédito por parte del representante, y la empresa no puede iniciar controles sistemáticos o invasivos.

 

Conclusión

El crédito horario es una herramienta esencial para garantizar la representación efectiva de los trabajadores, pero debe utilizarse con responsabilidad. Las empresas, por su parte, tienen derecho a organizarse y proteger su productividad, exigiendo un uso transparente y justificado de este derecho.

 

Equilibrio, respeto mutuo y cumplimiento normativo son la clave para una convivencia laboral sana y efectiva.

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